A justiça belga tomou a decisão sem precedentes de entregar a Rabat o essencial da investigação sobre o «Qatargate», o esquema de corrupção no Parlamento Europeu. A Bélgica dá a impressão de estar a ceder a Marrocos. Um importante e bem documentado artigo de do jornalista Ignacio Cembrero no EL CONFIDENCIAL
Por Ignacio Cembrero - 20/06/2024 - 05:00
El Confidencial - EXCLUSIVO
O último país a deixar que o Reino de Marrocos lhe torcesse o braço foi a Bélgica. A justiça belga tomou a decisão sem precedentes, em abril, a pedido do Ministério Público, de permitir que os dois alegados instigadores do «Qatargate», o maior escândalo de corrupção da história do Parlamento Europeu, fossem investigados e, talvez, julgados no seu próprio país, trata-se de um diplomata e de um agente secreto, que obedeciam às ordens das suas autoridades. Tanto o diplomata como o agente secreto são marroquinos que obedeceram a ordens das suas autoridades. Alguém acredita que serão efetivamente investigados?
Leia aqui o artigo de Ignacio Cembrero publico no diário EL CONFIDENCIAL.
“El último en dejarse torcer el brazo por el Reino de Marruecos ha sido Bélgica. Su Justicia tomó en abril, a instancias de la fiscalía, la inaudita decisión de dejar que los dos presuntos instigadores del Qatargate, el mayor escándalo de corrupción de la historia del Parlamento Europeo, sean investigados y, quizás, juzgados en su propio país. Ambos, un diplomático y un agente secreto, con marroquíes que obedecieron órdenes de sus autoridades. ¿Alguien se cree que serán de verdad investigados?
¿Por qué, tras 16 meses de pesquisas, la Justicia belga decidió traspasar a la marroquí parte del sumario de ese Qatargate, que debería más bien llamarse Moroccogate porque fue erigido por marroquíes? El primer ministro belga, Alexander De Croo, recuerda el diario bruselense Le Soir, viajó por esas fechas a Rabat, junto con tres ministros, y obtuvo aquello que anhelaba desde hace años: poder repatriar a Marruecos a inmigrantes marroquíes en situación irregular. Un primer grupo de 700 iba a ser expulsado en breve, según se anunció entonces.
De ser cierta esta hipótesis, Marruecos habría demostrado, una vez más, el partido no solo económico sino político que es capaz de sacar de su emigración en Europa. Hay unos cuantos precedentes antes del reciente episodio belga.
Hace ahora tres años, Marruecos y Países Bajos firmaron un convenio sobre mano de obra del que el Gobierno neerlandés se resistió a informar en detalle al Parlamento hasta septiembre de 2022. También agiliza la repatriación de inmigrantes, pero tenía una doble contrapartida. La Haya se comprometía a no interferir en los asuntos internos de Marruecos, es decir, que ninguno de sus ministros podría ya, como lo hizo en 2018 el de Exteriores, Stef Blok, criticar, por ejemplo, la represión de la pacífica rebelión rifeña.
La segunda concesión neerlandesa, a la que, por ahora, aún no se han sometido España o Bélgica, estipula que el Ejecutivo de La Haya consultará con el marroquí las ayudas que otorga a ONG que desarrollan proyectos de ese país, según el diario NRC Handelsblad. ¿Significa consultar que Rabat tiene derecho de veto?
España padece con altibajos, desde hace un cuarto de siglo, lo que en un alarde de valentía la titular de Defensa, Margarita Robles, tachó de “chantaje” y “amenaza” el 20 de mayo de 2021. Se expresó en esos términos, asombrosos en boca de un ministro socialista, justo después de que más de 10.000 inmigrantes irregulares, la quinta parte menores de edad, hubiesen entrado en Ceuta en menos de 48 horas.
El caso de España
Esa entrada masiva, que el jefe de la diplomacia marroquí, Nasser Bourita, achacó con descaro al “cansancio de la policía tras las fiestas del Ramadán”, perjudicó algo la imagen de Marruecos, pero sirvió para acabar de doblegar al Gobierno de Sánchez en la larga crisis con el vecino. De ahí la decapitación de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; el volantazo sobre el Sáhara Occidental y tantas otras concesiones.
El otro instrumento de presión al que recurre Rabat, además de la inmigración, es la cooperación en la lucha antiterrorista que muchas policías europeas consideran fundamental, porque la mayoría de los atentados de la última década han sido perpetrados por personas de origen marroquí.
Marruecos la cortó oficialmente un mes con España, en represalias porque el yate en el que navegaba el rey Mohamed VI había sido interceptado por error por la Guardia Civil, el 7 de agosto de 2014, cuando atravesó las aguas de Ceuta. En aquella ocasión, Rabat compaginó la suspensión con una sanción migratoria: Cerca de 1.100 “sin papeles” desembarcaron en la Península el 12 de agosto de 2014. De sus testimonios se deduce que ese día no había traba alguna para echarse al mar.
«La mayoría de los acuerdos migratorios suscritos con Marruecos son papel mojado»
Con Francia, Marruecos también interrumpió su cooperación policial y judicial casi un año, desde febrero de 2014 hasta enero de 2015, cuando el país era más azotado por la violencia yihadista. A cambio, logró su mayor proeza política en Europa, que la Asamblea Nacional francesa modificase, en junio de ese año, el protocolo de cooperación judicial con Marruecos para que el máximo jefe policial marroquí, Abdellatif Hammouchi, no volviese a padecer una experiencia fastidiosa en Francia.
Hammouchi estaba, el 20 de febrero de 2014, en la residencia del embajador de Marruecos en París, cuando la policía judicial francesa llamó a la puerta con la intención de llevarle ante una jueza instructora que investigaba tres denuncias por torturas contra él. Huyó apresuradamente del país. Para resarcirle, Francia le condecoró un año después con la Legión de Honor, una medalla que debe lucir junto con las del mérito policial y de la Guardia Civil que le impusieron los sucesivos ministros de Interior de España.
La mayoría de los acuerdos migratorios suscritos con Marruecos son papel mojado cuando se refieren a los adultos y, más aún, con menores. España fue pionera en abril de 1992 al firmar el de “readmisión de extranjeros entrados ilegalmente”. Más de 30 años después, las devoluciones se llevan a cabo con cuentagotas. Oscilan, según fuentes policiales, entre el 2% y el 5% de las entradas de irregulares. Buena parte se efectúan en avión desde Canarias y son onerosas. Requieren dos policías por inmigrante expulsado. Los vuelos van a El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, para subrayar así que pertenece a Marruecos.
La ingenuidad de gobernantes y hasta de la prensa es, a veces, pavorosa en lo concerniente a la inmigración. Todos celebraron en Francia la llegada a París, en julio de 2018, de media docena de policías y trabajadores sociales marroquíes que iban a entrevistar, con vistas a repatriarles, a un grupo de menores que vivían en la calle e incomodaban al vecindario en el barrio de la Goutte d’Or. Los policías regresaron, pero ningún adolescente volvió a Marruecos.
Además de una herramienta de presión, la inmigración es una fuente de ingresos para el Estado marroquí - sus remesas equivalen al 8,5% del PIB, más que el turismo- y sirve también para dar una salida a una juventud en paro y descontenta. La represión en el Rif, que empezó en mayo de 2017, consistió no solo en encarcelar a los cabecillas - los cuatro más destacados siguen en prisión- sino en hacer la vista gorda ante los que ponían clandestinamente rumbo a España.
A medida que han ido arrancando concesiones, las autoridades marroquíes y sus lobbies locales se han envalentonado hasta llegar a entrometerse en la vida política y cultural de sus vecinos europeos. En Francia lograron, por ejemplo, la cancelación, en marzo de 2019, del concierto de la cantante saharaui Aziza Brahim en el Instituto del Mundo Árabe, pese a que ya estaban todas las entradas vendidas.
«Su monarquía, el Rif, el conflicto del Sáhara Occidental, la carrera armamentística con Argelia son temas tabúes»
En Francia, al menos, el presidente Emmanuel Macron se enfadó con el rey Mohamed VI cuando supo, en julio de 2021, que él y gran parte de su Gobierno habían sido espiados por los servicios secretos marroquíes con el programa malicioso Pegasus. El escritor marroquí Tahar Ben Jelloun, muy afín al palacio real, narró las tres conversaciones telefónicas - tres broncas - de Macron con el monarca. “Le faltó al respeto”, dijo el novelista.
El presidente Sánchez y al menos tres de sus ministros también fueron espiados con el mismo programa y el Gobierno español hasta lo denunció en la Audiencia Nacional. Pero luego no brindó ningún apoyo al magistrado instructor, José Luis Calama, cuando este intentó, en dos ocasiones, llevar a cabo una comisión rogatoria en Israel, el país donde se fabrica Pegasus. Calama se quejó de ello en el auto con el que, en julio de 2014, archivó provisionalmente la investigación.
En aquellas instituciones que en España dependen de Exteriores o de Defensa o en las que estos ministerios ejercen alguna influencia, Marruecos ha instaurado, en la práctica, una censura preventiva. Su monarquía, el Rif, el conflicto del Sáhara Occidental, la carrera armamentística con Argelia, etcétera son temas tabúes que no se abordan nunca en mesas redondas ni en debates. Es así, por ejemplo, en Casa Árabe en Madrid, en el Real Instituto Elcano (think-tank), en el Instituto Europeo del Mediterráneo en Barcelona, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Autocensura en prensa
No es que se haya pactado entre ambos gobiernos que esos asuntos delicados quedaban excluidos de la agenda, es que esas instituciones consideran que deben obviarse para no indisponer a las autoridades del país vecino. Cuando, por casualidad, una de ellas se salta la línea roja, entonces sí interviene el lobby o los diplomáticos marroquíes para intentar acallarla. Sucedió, por última vez, el 23 de mayo, en la Fundación Euroárabe de Granada, donde una conferencia sobre el Sáhara y Palestina “se enfrentó a múltiples obstáculos”, según denunció el saharaui Taufiq Moulay en “El Independiente”.
La autocensura se extiende a los medios de comunicación públicos. RTVE ha vetado la cobertura por sus periodistas de actividades en los campamentos de refugiados saharauis. Las televisiones públicas de Alemania, Francia, Reino Unido o de Bélgica han emitido reportajes sobre Mohamed VI o trabajos de investigación sobre la intromisión marroquí en los asuntos internos de sus países. La radio pública francesa participó incluso en la investigación periodística colectiva sobre Pegasus, que salió a la luz en julio de 2021, y emitió en antena sus resultados. Sus pódcast están en línea. ¿Imaginan algo similar en España?
Claro que es necesaria una ley de libertad de medios, como la anunciada por el presidente Sánchez. Así, los medios públicos españoles podrán seguir el ejemplo de los del resto de Europa.
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