La causa abierta en la Audiencia Nacional por genocidio y torturas cometidos en el Sáhara occidental entre 1976 y 1987 vuelve a cobrar impulso cuatro años y medio después de que varias asociaciones de familiares de represaliados presentaran la querella. La activista Aminetu Haidar y 13 refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) declararán los próximos 9 y 10 de marzo en el tribunal como testigos en el procedimiento, en el que se investiga a 13 altos responsables o ex responsables de la policía, entre ellos a su máxima autoridad, Hosni Bensliman, jefe de la Gendarmería Real - equivalente al director general de la policía - nombrado por el monarca y en el puesto desde 1985. El único alto cargo de la seguridad nombrado por Hassan II que continúa con Mohamed VI. Sobre Bensliman pesa además una orden de detención internacional por su supuesta implicación en el asesinato del opositor Mehdi Ben Barka en 1965.
El juez Baltasar Garzón abrió el procedimiento por genocidio, asesinatos, lesiones y torturas contra el pueblo saharaui en 2007, pero la instrucción quedó paralizada tras una comisión rogatoria cursada a Marruecos en octubre de 2008 y que jamás fue tramitada por el país vecino. El magistrado pedía al reino alauí que notificara la querella a los implicados, preguntaba si los hechos habían sido investigados en Marruecos y solicitaba datos sobre la identidad de las víctimas y el lugar de inhumación. El sustituto de Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, reactivó en noviembre la investigación y este jueves, con el informe favorable del fiscal, citó a los 14 testigos a través de una providencia. El juez pide, además, que la gerencia le informe con carácter urgente sobre la posibilidad de anticipar el dinero que se daría como indemnización a los testigos por su traslado a España. Se trata de evitar que por cuestiones económicas no puedan viajar a Madrid y prestar declaración.
La querella, presentada en septiembre de 2006, se dirigía en principio contra 31 marroquíes a los que se responsabilizaba de la desaparición de 542 personas después de que España abandonara el Sáhara Occidental en 1975. Documenta la muerte por torturas de 56 saharauis en prisiones marroquíes y enumera cientos de desaparecidos. El juez Garzón abrió diligencias un año después, tras estudiar si el tribunal era competente, en octubre de 2007, y redujo la lista de posibles implicados de 31 a 13. No era la primera vez que se ocupaba de este asunto. Nueve años antes el magistrado ya había abierto diligencias tras recibir una querella anterior presentada por genocidio del pueblo saharaui contra el rey Hassan II que no siguió adelante por la inmunidad de la que gozaba como jefe de Estado.
Mónica Ceberio Belaza - E PAIS - 03-02-2011
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