Por motivo da renovação
do mandato da Missão das Nações Unidas para o Referendo no Sahara Ocidental
(MINURSO), e ante a contínua violação por parte de Marrocos do Direito Internacional
e dos Direitos Humanos no Sahara Ocidental, os subscritores deste documento
querem manifestar à opinião pública espanhola e internacional o seguinte:
1.
España no sólo sigue manteniendo con el Sáhara Occidental obligaciones de tipo
moral, histórico o político, sino también de carácter jurídico, ya que, según
Naciones Unidas, continúa siendo ‘de iure’ la Potencia Administradora de dicho
territorio. Ello implica una serie de responsabilidades, según el artículo 73
de la Carta de Naciones Unidas, tanto como garante de su derecho a la
autodeterminación, como respecto a la tutela de los Derechos Humanos de su
población y la preservación de la soberanía del pueblo saharaui sobre sus
recursos naturales.
2. Pese
a la ocupación ilegal y al margen del Derecho Internacional por el Reino de
Marruecos desde 1975 de la mayor parte de su superficie, el Sáhara Occidental
sigue siendo, según Naciones Unidas, un territorio en proceso de
descolonización y ésta sólo habrá finalizado cuando el pueblo saharaui pueda
ejercer su Derecho a la Autodeterminación sin ningún tipo de cortapisas en un
Referéndum, bajo control de la ONU, en el que la independencia sea una de las
opciones.
3.
Aunque hace ya más de 20 años que se estableció en el Sáhara Occidental una
misión de la ONU para la celebración de dicho Referéndum (Misión de Naciones Unidas
para el Referéndum en el Sáhara Occidental – MINURSO), con el que se
comprometió inicialmente el Reino de Marruecos, la realidad es que dicho país
ha puesto posteriormente todo tipo de obstáculos a que la MINURSO pudiera
cumplir con dicho objetivo, al ignorar sistemáticamente el Derecho
Internacional y pretender partir de la base de su soberanía sobre el territorio
aunque ello no tenga sustento legal alguno ni en las resoluciones de la ONU, ni
en el dictamen que el Tribunal Internacional de La Haya emitió en octubre de
1975 a petición de la Asamblea General de la ONU precisamente por iniciativa
del Reino de Marruecos.
4.
Asimismo, y pese a los intentos realizados en abril del pasado año por la
administración estadounidense, y anteriormente por otros miembros del Consejo
de Seguridad como Sudáfrica, Uganda, Nigeria, México, Panamá, Costa Rica,
Austria o Reino Unido, la MINURSO ha carecido durante todos estos años de un
mandato para la vigilancia de los Derechos Humanos en el territorio, con lo
que, además de no cumplir con su función originaria, sus efectivos deben
permanecer impasibles ante las continuas vulneraciones que de aquéllos efectúan
las Fuerzas de Seguridad y los colonos marroquíes contra la población saharaui.
Conferir a la MINURSO dicho mandato en materia de vigilancia de los Derechos
Humanos tanto en los territorios ocupados por Marruecos como en los campamentos
de refugiados de Tinduf es absolutamente imprescindible para que Naciones
Unidas y la legalidad internacional sigan teniendo alguna credibilidad en la
solución del conflicto ya que se trata de la única misión de la ONU de estas
características que carece de dichas competencias.
5. Es
por ello que la actuación del Gobierno de España el pasado año, al respaldar el
bloqueo de Marruecos y Francia a la iniciativa estadounidense, resulta tanto
más vergonzosa y escandalosa si se tienen en cuenta tanto las obligaciones que
aún tiene nuestro país con el pueblo saharaui como Potencia Administradora de
iure del territorio, como que dicha actuación conllevó el incumplimiento
flagrante de una resolución del Congreso de los Diputados aprobada el 7 de
marzo de 2012 en su Comisión de Asuntos Exteriores, por unanimidad de todos los
grupos, en la que se instaba al Ejecutivo a llevar a cabo gestiones en la ONU
para ampliar el mandato de la MINURSO a la supervisión de los Derechos Humanos.
En ningún caso puede quedar atribuida la supervisión de los Derechos Humanos a
órganos creados por quien no sólo es parte en el conflicto y carece de
soberanía sobre el territorio sino que ha demostrado no tener la más mínima
voluntad de perseguir y sancionar a los responsables de las gravísimas
violaciones de Derechos Humanos producidas en el territorio que ocupa.
6. Los
abajo firmantes consideramos que la descolonización inconclusa del Sáhara
Occidental sigue siendo el gran asunto pendiente de la Transición Española a la
democracia, en cuyo proceso iniciado en 1975 quienes hasta entonces eran
nuestros conciudadanos fueron los grandes sacrificados. Con el abandono por parte
de España de sus responsabilidades, se empujó al pueblo saharaui y a la
sub-región hacia un horizonte de guerra, horror y desolación, en doloroso
contraste con el camino que comenzó a transitar nuestro pueblo hacia un futuro
de libertades y prosperidad. Aquello dejó una mancha profunda en el prestigio y
dignidad de España que no podemos seguir incorporando sin más en nuestra
conciencia colectiva. Y si nuestro país quiere merecer el respeto de la
comunidad internacional y el de sus propios ciudadanos debería reparar aquel
terrible error y desvincularse como Estado de aquellos hechos.
7. Es
por ello que también pensamos que una solución justa y conforme al Derecho
Internacional al conflicto del Sáhara Occidental no es ni debe ser patrimonio
exclusivo de ninguna corriente ideológica ni de ningún sector político de la
sociedad, sino que se trata de un asunto de Estado que concierne a toda España
y al conjunto de sus ciudadanos e instituciones y que debe, por tanto, estar al
margen de cualquier controversia partidaria o política coyuntural.
8. El
compromiso y la deuda moral contraídos por España con el pueblo saharaui hace
38 años sólo podrán ser saldados con una decidida actuación de nuestras
instituciones y de nuestro Gobierno en los foros internacionales, mediante la
que España asuma de una vez las responsabilidades que aún tiene ‘de iure’ como
Potencia Administradora del territorio y propicie, de este modo, un mayor papel
de Naciones Unidas en la resolución del conflicto y en la tutela de los
Derechos Humanos, así como en la presión del conjunto de la comunidad
internacional a Marruecos para que cese su política de ocupación por la fuerza
y facilite el ejercicio del derecho de autodeterminación por el pueblo saharaui
de acuerdo con los principios y doctrina de la ONU y sin ningún tipo de
cortapisas.
9. La
drástica reducción de hasta más del 50 por ciento de la ayuda humanitaria y de
la cooperación al desarrollo con los refugiados saharauis en los campamentos de
Tinduf efectuada en los últimos años es una más de las decepciones que el
actual Gobierno ha provocado en todos los que somos sensibles a la causa
saharaui. Creemos que dicha cooperación, vital para la supervivencia de los
refugiados saharauis, debe volver a sus niveles anteriores. Igualmente creemos
que deberían oficializarse las relaciones con el Frente Polisario y las
autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática, dotándoles del estatuto
diplomático de que son merecedoras en tanto que representantes legítimos del
pueblo saharaui y que no puede ser inferior al de la representación palestina
en España.
10.
Todas nuestras convicciones encuentran asimismo fundamento en el hecho de que
el futuro del Sáhara Occidental, la última colonia de África, constituye para
España una cuestión de vital interés geoestratégico, ya que no habrá un Magreb
unido, próspero y democrático sin una solución justa y acorde con el derecho
internacional a dicho conflicto. Lo contrario sería aceptar una política de
hechos consumados basada en la ley del más fuerte que sentaría un precedente
peligrosísimo para la integridad territorial de España en las relaciones con
nuestro vecino del sur.
11. La
dignidad de España como Nación y sus obligaciones internacionales con el pueblo
saharaui, el único del mundo árabe-musulmán que tiene como lengua oficial el
español, no pueden ser utilizadas como moneda de cambio en las relaciones con
Marruecos y no es tolerable que este país chantajee continuamente a España para
consolidar su ocupación ilegal con asuntos como la lucha contra la inmigración
clandestina o la cooperación antiterrorista. No es casual que coincidiendo con
cada renovación del mandato de la MINURSO arrecie, con la más que probable
complicidad de las autoridades marroquíes, la presión inmigratoria sobre España
a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. Los abajo firmantes deseamos una
política de buena vecindad con Marruecos, pero ésta no puede estar basada en la
permanente cesión de España a las pretensiones de su clase política, sino que
requiere las necesarias dosis de firmeza.
12. Es
por ello que también consideramos que dichas relaciones no pueden estar guiadas
por visiones de corto plazo o basadas en el mero interés económico, en asuntos
como la Pesca o la posible existencia de bolsas submarinas de petróleo, o por
la solución de contenciosos en que los saharauis no pueden ser marginados, como
el de la delimitación de las aguas territoriales canarias. Cualquier
explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental debe
realizarse respetando la plena soberanía sobre los mismos del pueblo saharaui y
las disposiciones al respecto de Naciones Unidas.
13. La
justicia y la aplicación de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental
no sólo es imprescindible para la construcción de un Magreb estable, sino para
la edificación de un espacio de libertad y tolerancia tanto en el conjunto del
mundo árabe- musulmán como en la parte de éste más vital para España por
razones estratégicas y de proximidad, el propio Magreb y la zona del Sahel.
Lejos de pretendidos análisis interesados y sustentados en premisas erróneas o
afirmaciones calumniosas, la lucha que el pueblo saharaui, practicante de un
modelo islámico moderado sin atisbo alguno de integrismo, sostiene desde hace
décadas por su libertad y sus derechos en las más duras condiciones, constituye
un motivo de esperanza para las sociedades de su entorno, dando de ello fe,
entre otras cosas, la relevancia histórica del papel de la mujer en comparación
con muchas de esas mismas sociedades.
Es por
ello que exhortamos al Gobierno de España y al conjunto de la sociedad a
respaldar los principios contenidos en este Manifiesto.
Madrid,
21 de abril de 2014
Jaime
de Piniés Bianchi (Economista)
Javier
Morillas (Catedrático de Estructura Económica. Universidad CEU-San Pablo)
Miguel
Iñiguez del Moral (Teniente General, Exjefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra)
Carmen
Garrigues (Expresidenta Asociación de Amigos del Sáhara de Madrid)
Ana
María Rodríguez de Viguri (Empresaria)
Eduardo
Fungairiño Bringas (Fiscal del Tribunal Supremo)
Fonte: saharalibre.es
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